Cultura ciudadana vs. exigencia estatal: El paralelismo entre la credencial del INE y la educación fiscal en México

Recientemente, las opiniones de la creadora de contenido Natalia Torres sobre si el Estado debería exigir o propiciar cierta formación o información electoral previa a la emisión de la credencial de elector —y la posterior réplica desde la Presidencia— reabrieron un debate de fondo: ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en capacitar a sus ciudadanos antes de exigirles el ejercicio de una función o derecho cívico?

Más allá de posturas políticas, la controversia puso sobre la mesa la enorme brecha que existe entre la emisión de un documento oficial de identidad y el conocimiento real sobre las implicaciones de usarlo.

Indiscriminadamente, figuras públicas utilizan propuestas que endulzan el oído de los electores. Se condicionan programas sociales e incluso se escucha de viva voz a promotores decir que el voto se ejerce en una sola línea partidista —algo que cobra sentido tras la reciente reforma y elección del Poder Judicial—. Entienda usted, estimado lector: es como si su pareja, antes de dejarlo elegir libremente la película que van a ver, delimitara las opciones únicamente a las afines a su gusto.

Pese a lo anterior, las críticas desde diversos frentes no dieron tregua a la postura de Natalia Torres. Sin embargo, este cruce evidenció una carencia que, por sí misma, refuerza la necesidad de una formación cívica: el Estado mexicano ha fallado en proveer educación de calidad, incluso al recortar mecanismos de evaluación estandarizada. Mientras tanto, la brecha se profundiza cuando quienes dirigen el discurso público optan por esquemas privados o internacionales para sus familias, utilizando la estructura pública a conveniencia.

Antes, la postura que acogían los especialistas era respetada. Si bien se entendía que su decir tenía un argumento sólido detrás, se daba por hecho que podía ser refutable por otro experto con un argumento aún más fuerte. Hoy por hoy, aun cuando la opinión de un especialista no sea una verdad absoluta, simplemente se desecha si no encaja con las emociones o ideas previas del receptor.

Es por eso que posturas bien fundamentadas pierden peso en la sociedad, mientras que comentarios emocionales de personas ajenas a la profesión resuenan en todos los estratos sociales. No por nada deportistas o celebridades hacen de la política su segunda carrera; la relación es estrecha en las altas esferas del poder. Sin embargo, en cualquier debate público o técnico, debemos cuestionar primero el argumento que hay detrás del decir de las personas, y solo después el estatus o la popularidad de quien lo dice.

Por mi parte, creo conveniente hacer la pregunta incómoda: ¿qué pasa con la otra gran credencial o registro de todo mexicano? El RFC.

Al cumplir 18 años, el ciudadano no solo adquiere el derecho/deber del INE; por ley, también entra a la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Misma exigencia, misma carencia de educación. El sistema legal nos asume como "ciudadanos e inversionistas informados" al momento de emitir un CSD, abrir una cuenta bancaria, invertir en una SOFIPO o dar de alta un negocio, pero el Estado rara vez acompaña ese trámite con una alfabetización fiscal preventiva.

De la reacción a la prevención: El costo de la "ignorancia operativa"

• En lo electoral: Un voto o decisión cívica sin información genera sesgos graves en la representación.

• En lo fiscal: El desconocimiento tributario se traduce en sanciones, recargos, restricción temporal de Sellos Digitales (CSD) o la pérdida de beneficios fiscales clave (como aplicar indebidamente deducciones o ignorar la exención de las 5 UMAs en SOFIPOs).

Mientras los espacios oficiales se concentran en la narrativa diaria, dinámicas de distracción o reformas recaudatorias como los ajustes a impuestos indirectos (IEPS), la conversación técnica queda rezagada. Aunque existió manipulación mediática alrededor del mensaje original de Natalia Torres, la premisa de fondo es irrefutable: nuestras instituciones deben garantizar información y educación para sostener un voto libre... y una vida fiscal saludable.

Autogestión e información responsable 

De momento, no podemos esperar a que el marco legal resuelva la brecha de conocimiento. La responsabilidad de los profesionales y ciudadanos es asumir una previsión estratégica.

El rol de los especialistas consiste en traducir las reglas del juego (electorales, corporativas o tributarias) en herramientas prácticas para que las decisiones financieras y legales se tomen con certidumbre, no por inercia.

La ciudadanía plena no se agota con tener una identificación oficial en la cartera ni un RFC en el SAT; se ejerce entendiendo los derechos, obligaciones e impactos financieros de cada una de nuestras decisiones.